La Fiscalía General de la Nación ofreció inmunidad de carácter total, mediante la concesión del principio de oportunidad, al exdirector de Inteligencia del DAS, Laude José Fernández Arroyo, quien habría ordenado irregularmente controlar las comunicaciones de directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), como el capitán Julián Pinzón; del presidente para Colombia del Grupo Enel, Lucio Rubio Díaz; el abogado Felipe Jaramillo y otros empresarios.

El mismo beneficio le fue ofrecido al coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora y el Fiscal Fabio Augusto Martínez Lugo, quienes habrían actuado de manera conjunta con Fernández Arroyo en esas actividades ilícitas.

El Fiscal del caso aseguró que el único objetivo “es esclarecer los hechos de interceptaciones ilegales de comunicaciones al interior de la entidad que represento”.

La opción le fue planteada a cada uno de los bloques de defensa de las citadas personas bajo la condición que para concederles la inmunidad total deben suministrar información eficiente y suficiente con la capacidad de que pueda ser corroborada para esclarecer la totalidad de los hechos delictivos en los que habrían estado presuntamente vinculadas, al igual que personas adscritas o no a la Fiscalía General de la Nación.

En otros términos, para acceder a la inmunidad total deberán revelar toda la verdad de los hechos, así como identificar a los determinadores de los mismos.

Según la Fiscalía, las verificaciones por parte del grupo de Policía Judicial del CTI “darían cuenta que Laude José Fernández Arroyo, como representante de una empresa que ofrecía servicios de inteligencia corporativa y asesoría estratégica en litigios, habría cooptado a los mencionados funcionarios y a otras fuentes humanas para que accedieran a las comunicaciones de personas que sostenían disputas judiciales con sus clientes”.

En ese sentido, Fernández Arroyo, “al parecer, recibió información privilegiada producto de las escuchas ilegales, fotografías y datos íntimos de las víctimas de las interceptaciones y sus familias, y presuntamente les dio un manejo indebido para sacar provecho económico. Situación que configuraría una clara violación a la ley que protege el tratamiento de datos personales”.

El material en poder de la Fiscalía General de la Nación también permitió conocer que el procesado, “a través de su engranaje criminal, era enterado del avance de las indagaciones en su contra, de tal manera que se anticipaba a cualquier procedimiento”.

De acuerdo con las versiones entregadas por los testigos en la investigación de la Fiscalía, Fernández Arroyo habría sido la persona que contactó a la empresa de Jorge Humberto Salinas (JHS Consultores) para realizar interceptaciones ilegales al personal sindical adscrito a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles -Acdac-, con el propósito de conocer de primera mano los planes y estrategias de la organización durante el paro de Avianca.

Es de anotar que Laude José Fernández Arroyo también tuvo vínculos con el entonces Superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo.

En efecto, cuando Robledo se desempeñaba como Superintendente vinculó a la empresa Berkeley Research Group LLC (BRG), representada por Fernández Arroyo, para participar en el 4o Congreso Internacional de Protección de Datos Personales y XIV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos.